Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, han calificado de “auténtico disparate la actuación de los señores Mañueco e Igea al frente de la Junta de Castilla y León tras dar a conocer las sanciones impuestas a los ayuntamientos que decidieron celebrar cabalgatas de Reyes de carácter no estático”.

Desde el PSOE creen que el comportamiento de ambos dirigentes es “totalmente absurdo y contradictorio” ya que, si consideran que la decisión de prohibir este tipo de actos era acertada desde el punto de vista político y sanitario, debieran ahora exigir responsabilidades a los representantes de sus partidos, PP y C´s, que no cumplieron sus propias normas.

Y, a juicio de los socialistas, “más grave resulta aún, que haya parlamentarios del Partido Popular que en su Ayuntamiento hacen lo contrario que en las Cortes, como la alcaldesa de Aguilar de Campoo que promueve la cabalgata en su municipio incumpliendo las normas de su Gobierno Autonómico y luego va a las Cortes a votar favorablemente sus decisiones”.

Para Guerrero, Pablos e Illera, la actuación de la Junta es “una incoherencia por no pedir responsabilidades a sus representantes públicos incumplidores y más a la parlamentaria y alcaldesa, María José Ortega. Y más incoherencia es aún la de la propia procuradora que incumple contumazmente las normas de la institución autonómica a pesar de que el delegado territorial en Palencia había advertido de la irregularidad de consentir y organizar dicha cabalgata”.

Los procuradores del PSOE han señalado que la Junta, el PP, C´s y los parlamentarios de estos partidos “caen en el mayor de los absurdos, lo que está contribuyendo a confundir aún más a la ciudadanía que está harta de tanta decisión confusa, imposible de cumplir y que genera perjuicio a muchos negocios y profesionales sin que esta administración ponga un solo euro para ayudar a paliar su situación”.

Desde el PSOE se pide “coherencia a la Junta y a PP y C´s, por lo que si los alcaldes, y especialmente Ortega, han actuado contra las normas de la Junta deben ser estos partidos los que pidan su dimisión. Y si no quieren dejar sus puestos al menos deben de pedirle a Mañueco que cese a Igea por el ridículo que genera en muchas de sus actuaciones, como es el caso de estas sanciones de miles de euros que exigen como multa a los ayuntamientos”. 

Los parlamentarios socialistas concluyen recordando que “las multas deberán ser pagadas con recursos públicos, municipales o autonómicos y que solo faltaría que si se materializaran definitivamente, la Junta meses después les otorgara distintas subvenciones a estos mismos ayuntamientos por otras causas”.