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Elementos filtrados por fecha: Lunes, 18 Enero 2021
Proteger el planeta, apostar por la sostenibilidad y el medioambiente es una cuestión que nos afecta a todos. En la Fundación Santa María la Real lo sabemos bien y, por eso, hemos decidido comprometernos a reducir nuestra huella de carbono, a minimizar en lo posible nuestras emisiones de CO2. ¿Nuestro reto? Conseguir reducir en un 14% nuestra huella de aquí a 2023.
 
El primer paso ha sido sumarnos a las más de 3.000 Huellas de Carbono que ya forman parte del Registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nuestro compromiso es doble, por un lado, reducir las emisiones debidas a combustibles, realizando un uso más eficiente y racional de nuestros vehículos y calderas. Por otro, minimizar las emisiones asociadas al consumo eléctrico de nuestras sedes de Aguilar de Campoo, Madrid y Valladolid.
 
Plan de reducción comprometido
 
Para lograrlo implementaremos un plan de reducción de emisiones, basado en cinco pilares: optimización de equipos, horarios y rendimientos; zonificación de la climatización; formación; incorporación de buenas prácticas y seguimiento y control de consumos.

“Será un proceso progresivo, que afecta a todas las áreas de trabajo de la entidad y sus empresas asociadas y en el que, seguro, conseguiremos implicar a todo el equipo – explica Paula Conte, directora de la Oficina de Dirección de Proyectos e Innovación, quien concreta que, “solo así podremos reducir nuestra huella que hoy por hoy es de 149,57 toneladas de CO2 al año y que en 2023 si todo funciona correctamente, deberá reducirse en un 14%”.

Nuestro lema es “Tú reconstruyes futuro” y para hacerlo hemos de proteger nuestro planeta. Un primer paso, un grano de arena, para que nuestra huella, la ambiental, sea lo más liviana posible.

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de fomentar el desarrollo sostenible y activar los territorios, mediante la puesta en marcha de proyectos e iniciativas innovadoras basados en tres ejes: personas, patrimonio y paisaje. Actualmente, la actividad de la Fundación se estructura en tres grandes áreas de trabajo: Empleo y Emprendimiento, Atención Social y Turismo y Cultura. Para más información www.santamarialareal.org
 
 
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Ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad contra el acuerdo sobre el toque de queda, la Junta de Castilla y León pone de manifiesto:
 
1.-Que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España. La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.
 
2.-Que lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.
 
3.-Que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”
 
4.-Que, por tanto, deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.
 
5.-Que reclama una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías.
 
6.-Y, finalmente, reitera que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.
 
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El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León (como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2), por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha adoptado el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León desde las 20 horas del día 16 de enero. Dicho acuerdo ha sido publicado en una edición extraordinaria del “Boletín de Castilla y León” el 16 de enero.

El Gobierno considera que la regulación contenida en el Acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no – como es el caso – de intensificarlas o agravarlas. Se trata, en consecuencia, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del Estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000.

El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Este acuerdo lo tomó el presidente autonómico como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2.

 
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