Elementos filtrados por fecha: Martes, 16 Febrero 2021

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán aprovecha, estos días no lectivos, para instalar “los dispositivos que permitirán disfrutar de esta nueva comodidad a sus alumnos, con agua caliente en los baños”.

Las necesidades para luchar frente la COVID-19 obligan a adaptar las instalaciones. En este sentido, desde el ejecutivo local recuerdan que “el lavado de manos de nuestros pequeños es una constante desde que se inició la pandemia y, por ende, también en el colegio donde se aplican todos los protocolos”. En este sentido, en los baños del CEIP Nuestra Señora del Carmen no existía agua caliente, hasta hoy.

El equipo de gobierno informa “de la instalación de termos en los baños de los alumnos, para que se puedan lavar las manos con mayor comodidad y sin tener que enfriarse”. Se trata de una nueva inversión en el centro que se suma a otra, de similares características, que se ejecutó el pasado mes de diciembre en el comedor.

El alcalde recuerda que “nuestro colegio es la joya de la corona, por lo que este equipo de gobierno va a mantener, durante toda la legislatura, su apuesta por mejorar las instalaciones y/o servicios que se prestan en el CEIP”. Cristian Delgado destaca que “en lo que llevamos de mandato hemos efectuado mejoras de cambios de ventanas, pizarras digitales, compra de tablets (con la Junta Vecinal), entre otras”.

 
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Los residentes y trabajadores de Tercera Actividad Aguilar, recibieron ayer con esperanza, la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aunque aún habrán de esperar unos días para que comience a hacer efecto, no deja de ser un paso más hacia la seguridad y la protección del centro.

Las 130 personas que habitualmente conviven en Tercera Actividad Aguilar, el centro de atención a personas mayores que la Fundación Santa María la Real, gestiona en la localidad, recibían con esperanza la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Residentes, trabajadores, usuarios del centro de día e incluso el profesorado y los alumnos del certificado de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, todos ellos han recibido con buen ánimo la vacuna. “No deja de ser una garantía, un punto más de protección al que no podemos renunciar”, afirma Alejandro Serrano, director del centro, para puntualizar que, “no obstante, debemos esperar aún una semana para que haga efecto y podamos ser inmunes frente al virus”. 

Y es que toda precaución es poca, desde que se inició la crisis sanitaria han adaptado sus espacios y protocolos para hacer frente al coronavirus. “Hemos reforzado la comunicación con las familias para que los residentes sigan sintiendo su apoyo y cómo no, hemos realizado un esfuerzo importante para concienciar tanto al equipo como a las personas a las que atendemos de la importancia de seguir las medidas y protocolos de seguridad”, concluye Serrano.

 

 
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El Grupo Municipal de Ciudadanos ha recordado al Gobierno municipal de Aguilar de Campoo que la responsabilidad en el mantenimiento de los monumentos históricos de la villa corresponde en exclusiva al Ayuntamiento, tras un nuevo desprendimiento de la muralla medieval en pocas semanas.

El portavoz municipal de Cs, Juan José Mangas, ha criticado que la alcaldesa, la popular María José Ortega, haya volcado la responsabilidad en la Junta de Castilla y León, “cuando la competencia es solo suya”.

“No sólo para que los turistas puedan disfrutarlos en sus próximas visitas, sino para que pervivan y sigan siendo un patrimonio insustituible de las generaciones venideras”, ha ahondado.

Mangas ha afeado “la orfandad” de los monumentos aguilarenses, que en su opinión carecen “del más mínimo cuidado y mantenimiento preventivo”. Por ello, ha urgido al Gobierno municipal a que implemente un Plan para la inspección, mantenimiento y reparación de la riqueza patrimonial del municipio, con su correspondiente dotación presupuestaria.

Respecto al reciente desprendimiento de la muralla del siglo XIV, ha señalado que, aunque la vegetación pueda darle un cierto valor estético al monumento, supone una pésima idea desde el punto de vista de la conservación.

“La vegetación es intrusiva, sus raíces debilitan las juntas y rompen el efecto de la argamasa en la unión de sillares, piedras y cascajo. De esta manera y sin testar la solidez del conjunto periódicamente, la permeabilidad aumenta, el agua se infiltra y termina de debilitar y romper la unión entre los elementos”, ha explicado.

El político de centro ha criticado que la regidora, en lugar de asumir sus responsabilidades, "intente pasarle el mochuelo a la Junta”. “Intentar confundir a la población y culpar siempre a otros no es de recibo. En política no vale todo, señora Ortega”, ha concluido.

 
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El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos D. José Luis Nájera García y el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, han firmado un acuerdo de colaboración dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. 

Ambas instituciones han acordado un intercambio fluido de información y se impartirá formación específica a los profesionales de ambos ámbitos. Para coordinar todas estas acciones, se ha creado una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por profesionales de ambas instituciones que permitirá evaluar la puesta en marcha del convenio. 

El objetivo de este acuerdo, que se encuentra dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad y que se viene desarrollando desde el año 2010 a nivel nacional, es dar una respuesta ágil y coordinada ante posibles problemáticas que puedan sufrir mayores, menores y/o personas con diversidad funcional, todos ellos colectivos vulnerables ante determinadas situaciones de riesgo y desamparo de las que puedan ser víctimas.

A través de las oficinas de farmacia y de sus profesionales, se ofrecerá importantes posibilidades de detección de problemas que afecten a nuestros mayores, menores y personas en situación de vulnerabilidad. 

Los farmacéuticos se convierten, por tanto, en una vía de comunicación para difundir los distintos Planes de Seguridad y como potenciales detectores tempranos de personas vulnerables o en riesgo ante hechos delictivos. 

La Guardia Civil, dentro de su labor de seguridad y sensibilización, observará asuntos como hurtos, robos, estafas, abusos y malos tratos, violencia de género, drogas o el acoso escolar. Se canalizará a través del teléfono 062 cualquier requerimiento del profesional farmacéutico que requiera una atención inmediata. 

El interés común de ambas partes, es la necesidad de dar una respuesta ágil y coordinada ante cualquier situación de vulnerabilidad. 

Algunas de las medidas que se reflejan en este acuerdo son: 

-Impartir formación al personal farmacéutico sobre hechos delictivos y medidas de autoprotección que puedan afectar a personas mayores. 

-Comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado aquellos casos que consideren relevantes para adoptar medidas preventivas de protección o investigación. 

-Exhibición en los centros farmacéuticos de material divulgativo del Plan Mayor de Seguridad y de otros que puedan afectar a nuestros mayores y personas necesitadas de especial protección, facilitando información sobre la aplicación ALERTCOPS y su función ‘Guardián’ (en prevención de desapariciones).

 
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El Consorcio Provincial de Residuos de Palencia tramita la firma del contrato con Acciona de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) para la próxima década, una vez que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha desestimado el recurso que había planteado Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las seis empresas que participaron en el concurso. Superado este paso, el consorcio que forman la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital palentina firmarán en los próximos días el contrato conforme a la adjudicación que aprobó este organismo en diciembre a favor de Acciona, compañía que presentó un pionero modelo de economía circular, que será un referente en Castilla y León, ya que no se arrojará tonelada alguna al vertedero, llevando al máximo el modelo de reciclado, reutilización, reducción y revalorización de los residuos sólidos urbanos recogidos y tratados en esa planta.
 
El Tarcyl emitió el pasado 11 de febrero su resolución que desestima el recurso que interpuso la empresa FCC Medio Ambiente S.A.U., contra el acuerdo del consejo de administración del Consorcio del pasado 9 de diciembre sobre este contrato de concesión del servicio público de explotación del Complejo Ambiental de Palencia CTR y sus instalaciones anexas. Conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la resolución ya es directamente ejecutiva, aunque cabe el recurso contencioso-administrativo que pudiera plantearse contra ella antes de dos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
 
SEIS EMPRESAS PARTICIPANTES. Acciona Servicios Urbanos, S.R.L. resultó adjudicataria del concurso al obtener la valoración más alta entre las seis empresas presentadas (además de FCC, Urbaser, FCC, Cespa, Veolia y Valoriza), precisamente porque el pliego de condiciones valoraba, entre otros aspectos técnicos y económicos, que se arrojase menos residuos al vaso final de vertido. En ese apartado, Acciona logró la puntuación máxima al plantear cero toneladas de vertido. 
El presupuesto de adjudicación fue de 2.420.915 euros al año, lo que supone una rebaja de 643.743,80 euros con respecto al presupuesto anual base que fijó el consorcio en su pliego de licitación. El canon de la oferta de la adjudicataria —es decir, el precio que factura al consorcio cada tonelada que tratará en el CTR— es de 35,20 euros (IVA no incluido) por tonelada, lo que supone un ahorro de 9,36 euros por tonelada, el 21% de baja sobre el precio base de la licitación. La duración del nuevo contrato para Acciona será de diez años, con posibilidad de prórroga. 
 
La empresa resultó adjudicataria al obtener la puntuación más alta conforme a la valoración del pliego de condiciones, que conjugaba criterios de valoración que dependen de un juicio de valor (40%) y criterios de valoración automática (60%). Dentro de los primeros, figuraban la valoración técnica del anteproyecto y del estudio de explotación de las distintas instalaciones contempladas; mientras que en los segundos se ponderan de modo automático cuestiones tales como el precio que oferta cada licitador y las toneladas anuales de vertido de rechazo, así como las mejoras propuestas sin coste alguno para el consorcio.
 
PROPUESTA VIABLE. El Tarcyl no ha estimado los argumentos de la empresa recurrente, FCC, que juzgaba técnicamente imposible el planteamiento de «vertido cero» de la firma adjudicataria. «El valor ofertado no es en absoluto contrario a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación, y tampoco constituye una propuesta ilusoria ni irreal, puesto que la documentación aportada por la empresa adjudicataria avala la viabilidad de su oferta», señala la resolución del Tarcyl, órgano administrativo creado en 2012 competente para conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación pública en el ámbito de la Junta de Castilla y León, los organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a ella, las universidades de la comunidad, así como las entidades locales de Castilla y León y sus entes dependientes, como es el caso del Consorcio Provincial de Residuos.
 
El tribunal tampoco comparte un segundo motivo que alegó FCC, discrepante con la valoración de su propia oferta por parte del consorcio. La resolución se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la valoración técnica de las ofertas presentadas por los licitadores y sobre su enjuiciamiento y control por los tribunales. Esa jurisprudencia «reiteradamente ha señalado que la administración pública goza de discrecionalidad técnica en la ponderación de criterios evaluables en función de juicios de valor; por lo que, al tratarse de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos». 
 
«Este Tribunal —argumenta la resolución— carece de la suficiente formación para entrar en consideraciones estrictamente técnicas, lo que no obsta para que pueda analizar tal valoración, pero tal examen debe quedar circunscrito a sus aspectos formales, tales como normas de competencia o procedimiento, la vigilancia de que en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios o que no se haya incurrido en error material». En ese sentido, el Tarcyl concluye que «no puede apartarse del criterio del órgano de contratación puesto que lejos de acreditarse la existencia de algún error manifiesto, arbitrariedad o defecto grave del procedimiento, se ha justificado y motivado la valoración efectuada».
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