Tras la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por la Mesa Eólica Montaña Palentina el pasado 16 de abril y las investigaciones llevadas a cabo por agentes del SEPRONA de Barruelo de Santullán y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, el propietario de la finca donde se localizó el vertido ha sido condenado a una multa de 3000 euros.
La finca está ubicada en las cercanías de Vallespinoso de Cervera, dándose la circunstancia de que su propietario es un gestor de residuos con sede en Aguilar de Campoo, concretamente la empresa CONCURPAL. A la luz de la resolución de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Palencia por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador en materia de residuos, el propietario de la finca hizo desaparecer un número “imposible de determinar” de placas fotovoltaicas, enterrándolas en un talud artificial de unos 4.000 m2 de superficie, retenido con traviesas de hormigón, en vez de gestionar el residuo legalmente trasladándolo a una planta de reciclaje autorizada para su valorización o tratamiento. Conforme al expediente iniciado, la infracción se cataloga como GRAVE, con multas que van entre los 2.001 euros y los 100.000 euros. No obstante, si el infractor reconoce el vertido y paga voluntariamente, la condena se rebaja un 40%, quedando en 1.800 euros. Independientemente de la multa, el infractor deberá proceder a la restauración de la zona afectada y entregar los residuos a un gestor legalmente autorizado en el plazo de un mes. Al considerarse el residuo como inerte, no peligroso, no se establecen indemnizaciones.
Los miembros del colectivo han mostrado su decepción por la escasa cuantía de esta condena, aunque por otro lado están satisfechos porque se demuestra que los hechos denunciados eran ciertos, a pesar de los continuos desmentidos del dueño de la parcela, cuyos argumentos ahora se han demostrado como falsos, y porque se obliga a reponer la realidad física alterada. Y es que, sólo había que echar un vistazo para comprobar que en el mencionado solar había cientos de placas solares almacenadas y que, en unas terrazas artificiales dentro de la propia finca, los restos de placas machacadas afloraban a la superficie en numerosos puntos.
Lo ocurrido con estas placas es el lado menos conocido de estas energías mal llamadas “limpias”. Una vez finalizada la vida útil de instalaciones fotovoltaicas, los beneficiarios de su explotación pueden llegar a deshacerse de los residuos, recurriendo a individuos sin escrúpulos que los hacen desaparecer incurriendo en infracciones o delitos medioambientales. Esta práctica también suele realizarse con las palas y restos difícilmente reciclables de los molinos eólicos, como también se ha demostrado con numerosas denuncias por toda España. Y es que, acabada la vida útil de los parques eólicos y fotovoltaicos, es responsabilidad de las empresas que se han beneficiado durante su funcionamiento, desmantelar las instalaciones y gestionar convenientemente los residuos resultantes en plantas de reciclaje (normalmente acordado mediante contrato entre promotor y propietario de los terrenos). Sin embargo, es práctica habitual que los proyectos sean promovidos por empresas pantalla de capital mínimo, diseñadas para “desaparecer” y eludir las responsabilidades del desmantelamiento. Cuando estas empresas “desaparecen” y los restos quedan abandonados, el desmantelamiento pasa a ser responsabilidad del propietario de los terrenos: juntas vecinales o propietarios particulares. Por eso, cuando estas empresas promotoras negocian las condiciones con los propietarios, no es habitual que propongan la compra de los terrenos, sino que recurren al alquiler, para trasladar, de manera encubierta (y fraudulenta), la responsabilidad futura del desmantelamiento y los elevados costes de la retirada de todos los elementos a los propietarios de las parcelas.