La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) sale al paso de las afirmaciones realizadas por el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Ramón Ortega, durante el último pleno municipal celebrado el pasado 25 de julio, con el objetivo de «desmentir públicamente algunas de las informaciones vertidas en relación al procedimiento judicial abierto por la instalación de un campo de tiro al plato en suelo de protección natural con valores ambientales».
Desde la Plataforma recuerdan que «el proyecto, de titularidad municipal y presupuestado en torno a 46.000 euros, ha generado un amplio malestar entre numerosos vecinos y vecinas por su ubicación en un entorno con alto valor ambiental».
Esta preocupación motivó el lanzamiento de una campaña de crowdfunding, que logró recaudar un total de 3.094,01 euros, destinados a sufragar los costes legales del procedimiento contencioso-administrativo y los posibles recursos que se puedan presentar en función de cuál sea la sentencia.
La PDCC recalca que «el citado procedimiento contencioso-administrativo está en marcha y, contrariamente a lo manifestado por el edil, la sentencia aún no ha sido emitida».
En cuanto a los fondos recaudados, «se han utilizado exclusivamente los importes facturados por la abogada, para este primer trámite ante el juzgado, y si no hiciera falta presentar recurso o se estimara que estos no fueran pertinentes, se procederá a la devolución de los fondos que hubieran podido sobrar».
Asimismo, la Plataforma aclara que, «si bien fueron rechazadas las medidas cautelares solicitadas tras la alerta de varios vecinos sobre posibles trabajos en la parcela, el proceso judicial sigue su curso». Además, al contar con justicia gratuita, la entidad «no ha tenido que asumir costes judiciales derivados del rechazo de las medidas cautelares, ni se ha presentado solicitud alguna de tasación de costas.»
Por último, la PDCC agradece el respaldo ciudadano recibido, recuerda que «se irá informando puntualmente de los pasos que se vayan dando y reitera su compromiso con la protección del entorno natural de la Cordillera Cantábrica, confiando en que la situación se resuelva próximamente por la vía judicial».