Ayer terminó el plazo que tenían el Ayuntamiento de Aguilar y la Diputación de Palencia para presentar sus recursos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para evitar el derribo del Centro Cultural Cine Amor. Un demolición que fue ordenada hace unos meses por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, Victoriano Lucio Revilla, al emitir una sentencia en la que consideraba que las obras, que fueron inauguradas en diciembre de 2010 por el entonces presidente de la Diputación, Enrique Martín, “no eran compatibles con el planeamiento urbanístico de Aguilar al haberse ejecutado en una zona con condiciones de edificación consolidada y uso residencial”.
El pasado lunes intentábamos hablar con la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, para que nos explicara los detalles de ese recurso, pero la primera edil aguilarense rehusaba hacerlo alegando a “una recomendación del letrado de no hacer declaraciones al respecto”. Ayer también intentamos hablar con Carlos Sierra, teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aguilar, y éste nos daba la misma respuesta. Lo que sí nos contaba Sierra era que cada una de las administraciones iba a presentar su respectivo recurso y que el objetivo de ambas instituciones es que “la sala de lo Contencioso valore y estime los argumentos que se van a poner sobre la mesa en el Tribunal Superior de Castilla y León para que no se derribe el Cine Amor”. Asímismo, el edil volvía a recalcar, como ya hizo en su momento la alcaldesa, “que la sentencia no es firme” e hizo también referencia a “la importante función social y cultural que cumple este edificio”.
En cualquier caso, lo que es meridiano es que el recurso del Consistorio aguilarense se apoya en una interpretación distinta del PGOU de la localidad que la realizada por el juez Victoriano Lucio, y en los informes técnicos a partir de los cuales el equipo de Gobierno adoptó las resoluciones en cuanto al otorgamiento de licencias de obras para su contrucción. En este sentido, cabe destacar que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia estimó que “las obras fueron realizadas sin licencia municipal desde el 23 de julio de 2009 hasta el 22 de noviembre de 2010, que la licencia de demolición se concedió indebidamente y que se otorgó una licencia constructiva sin exigir el control arqueológico”. Por eso, en la sentencia concluye que las obras “son contrarias al planeamiento vigente en Aguilar” y, además de ordenar la demolición del Cine “al no ser posible su legalización”, condena a la Institución Provincial a pagar una multa de 300.000 euros “al constituir los hechos una infracción grave”.
Con respecto al momento en el que se conocerá la resolución del TSJ de Castilla y León, todo depende de la carga de la sala, por lo tanto, aún no se puede aventurar cuándo se iniciará el proceso de deliberación y cuándo se hará pública esa segunda sentencia.