La alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, ha anunciado que tanto la Diputación como el Ayuntamiento ya han comenzado a trabajar conjuntamente para estudiar minuciosamente el contenido de la sentencia que ordena la demolición del Espacio Cultural Cine Amor. El objetivo es preparar el correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y evitar, de esta forma, el derribo del edificio inaugurado hace 5 años.
«Entiendo que un juez dicta sentencia y hay que respetarla porque ellos son la justicia y no cabe cuestionarlo más allá de lo que jurídicamente permita la ley. En ese sentido decir que no es una sentencia firme, que tiene recurso y, por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar y articular de la mejor forma posible la defensa que se presente entre Diputación y Ayuntamiento para defender los intereses generales, porque yo creo que, en definitiva estamos hablando del interés de los ciudadanos de Aguilar y de la provincia de Palencia», ha expresado al respecto la alcaldesa en declaraciones a este medio. (En el archivo adjunto les ofrecemos las declaraciones completas ofrecidas por la alcaldesa a este medio de comunicación).
LA SENTENCIA. Con respecto a la noticia, cabe destacar que, como ya informaba Diario Palentino hace unos días, el Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, Victoriano Lucio, ha ordenado mediante sentencia la demolición del Espacio Cultural Cine Amor, una sentencia que también exige la construcción del antiguo edificio de la localidad norteña por parte de la Diputación al considerar que las obras, inauguradas en 2010 por el entonces presidente de la Institución Provincial, Enrique Martín, no son compatibles con el planeamiento urbanístico de Aguilar al haberse ejecutado en una zona de condiciones de edificación consolidada y uso residencial. Además, el juez, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el propietario de lso Cines Campoo -Jesús María Estébanez-, ha impuesto a la Institución provincial una multa de 300.000 euros al constituir los hechos una infracción grave.
En este sentido, el magistrado considera que las obras fueron realizadas sin licencia municipal desde el 23 de julio de 2009 hasta el 22 de noviembre de 2010 y además argumenta que al tener un grado de protección P-1 según el PGOU de Aguilar, el edificio únicamente podría haber sido objeto de restauración o de rehabilitación, pero en ningún caso de demolición ni de sustitución.
Por eso, Victoriano Lucio ha remitido esta sentencia a los Juzgados de Instrucción de Cervera de Pisuerga a fin de que se deduzca testimonio por si los hechos detallados pudieran constituir un delito de prevaricación por parte de la Alcaldía.