El Consejo de Cuentas, por boca de su presidente Mario Amilivia, emplaza a las diputaciones provinciales de la Comunidad a acometer medidas de apoyo para suplir las carencias que las entidades locales, especialmente las de menor capacidad económica y de gestión, tienen de medios a la hora de presentar sus cuentas en plazo.
El Pleno de la institución mantuvo esta mañana una reunión en Palencia con la presidenta de la Diputación y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, en la que se abordó la importancia del papel que la normativa atribuye a las diputaciones en su labor de cooperación y asistencia a las entidades locales, especialmente a las de menor tamaño.
La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los más pequeños, y, de forma particular, la prestación de los servicios de administración electrónica, forman parte de las competencias que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a las diputaciones.
En esta línea, Amilivia señaló que, aunque todas las entidades locales de Castilla y León (con 2.248 municipios, 9 provincias, 1 Comarca, 275 mancomunidades y 2.207 entidades locales menores) están obligadas a relacionarse entre sí por medios electrónicos, muchas de estas presentan dificultades y carencias para ejercer por esta vía las competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye, lo cual lleva implícita la obligación de iniciar las correspondientes medidas de adaptación.
Se da la circunstancia además que, paulatinamente, las notificaciones administrativas que el Consejo de Cuentas dirija a las entidades locales se irán remitiendo a través de su sede electrónica, un anuncio que, a los efectos oportunos, se pretende hacer llegar especialmente a las mancomunidades y entidades locales menores al ser las entidades con menor capacidad de gestión. En tal sentido, las entidades locales deberán revisar la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) dada de alta en el portal de notificaciones ya que va a ser la que se utilice para la remisión de los oficios referentes a la Cuenta General.
La Dirección Electrónica Habilitada única o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad. Permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.
Por todo ello, el presidente del Consejo de Cuentas emplazó a que desde la Diputación palentina y por extensión desde el resto de las instituciones provinciales de la Comunidad se desplieguen las oportunas medidas de apoyo y asistencia técnica para que todas las entidades locales de sus respectivos ámbitos territoriales puedan adaptar su funcionamiento al entorno de la administración electrónica, al que por imperativo legal se encuentran obligadas.
Al respecto, apuntó que el informe sobre la situación de los municipios de Castilla y León más incumplidores de la rendición de cuentas, aprobado el mes de octubre pasado, recoge que, según los propios ayuntamientos, las causas que motivan el incumplimiento de esta obligación legal guardan relación con factores como la falta de medios personales y retraso en la llevanza de la contabilidad, así como la falta de medios informáticos y problemas con la generación de los ficheros de la cuenta general derivados de la aplicación contable del ayuntamiento.
Ante ello, entre las recomendaciones de este informe se plantea a las ocho diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, a las que pertenecen los 32 ayuntamientos más incumplidores analizados en la fiscalización, que deberían acometer medidas de seguimiento específicas incrementando su nivel asistencial.
Rendición de cuentas 2023. En este contexto, en el que las diputaciones pueden desempeñar una función destacada en el impulso de los índices de rendición de cuentas, Amilivia significó que el 82% de los ayuntamientos de la provincia de Palencia ya han rendido las de 2023, dos puntos por encima de la media de Castilla y León, siendo la cuarta provincia en el cumplimiento de esta obligación, cuyo plazo legal finalizó el pasado 31 de octubre.
Hasta la fecha, en la provincia palentina han rendido cuentas la Diputación; 156 ayuntamientos (82%); 134 entidades locales menores (60%) y 19 mancomunidades y otras entidades (66%), en resumen, lo han hecho 310 de las 444 entidades del sector público de Palencia.
En la reunión, el Pleno del Consejo presentó a Armisén el Plan de Fiscalizaciones de 2025, entre cuyos trabajos previstos están el análisis de la asistencia técnica-informática prestada a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la Comunidad, especialmente en el ámbito de la seguridad informática. También, en esta misma línea, está en realización una fiscalización sobre el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Palencia a los pequeños municipios, en la etapa 2019-2022, una auditoría que también está previsto realizar al resto de las instituciones provinciales de Castilla y León.
