La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la reunión de coordinación de delegados del Gobierno de España, celebrada este miércoles en la Delegación del Gobierno en Aragón. En la misma, han participado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; todos los delegados del Gobierno de España; el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta Barreda; y los subsecretarios de Presidencia, Jaime Pérez Renovales; y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.
La vicepresidenta, en comparecencia ante los medios de comunicación, ha informado del documento conjunto de los ministerios del Interior y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se abordan los daños ocurridos en España como consecuencia del temporal. En este sentido, ha transmitido “tranquilidad” tras los efectos producidos, ya que “los trabajos de evaluación se están agilizando” y su reparación “está cubierta” por el Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Este ha sido uno de los puntos tratados en la reunión de trabajo, en la que se ha concluido, según Sáenz de Santamaría, que ahora deben empezar a “jugar con la prevención para tener todo preparado de cara a la fase del deshielo”.
Durante la sesión de trabajo, El ministro del Interior, por su parte, ha presentado en la reunión de coordinación el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Por su parte, Sáenz de Santamaría ha repasado los 3 años de legislatura y se han apuntado las líneas generales próximas en cuanto al calendario normativo se refiere.
Entre ellas, el subsecretario de la Presidencia ha hecho un balance de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Asimismo, ha subrayado los puntos principales del Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Posteriormente, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha presentado a los delegados del Gobierno el proyecto de la Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo.