La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT de Palencia ha expresado su apoyo al alcalde de Salinas de Pisuerga, Julián Aguilar, tras las acusaciones realizadas por la Consejera de Familia, María Isabel Blanco esta semana en las Cortes. El comunicado dice así:
“Desde la FeSP UGT nos parece inadmisible que, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se responsabilice a los Ayuntamientos que cuentan con Residencias de la situación generada en la pandemia.
Años llevan los responsables de la JCYL, dándose palmaditas porque tenían sobresaliente en su modelo residencial, años que desde la FeSP UGT de Palencia, y también de Castilla y León, llevamos denunciando, por la precariedad existente en dicho modelo tan aplaudido por la JCYL.
Desgraciadamente la Pandemia ha venido a darnos la razón. El sistema residencial ha COLAPSADO; el personal en las Residencias es insuficiente y no se encuentran profesionales (y no profesionales) que quieran aceptar unas condiciones tan precarias (bajos salarios, grandes jornadas, excesiva carga de trabajo, sobrecarga física y psicológica entre otras), lo que se traduce en una atención deficiente y en consecuencia en un modelo en suspenso.
A pesar de que la Delegación Territorial y la Gerencia de Servicios Sociales de Palencia, están prestando apoyo he intentado ayudar y aportar soluciones en cuanto se produce un brote en algún Centro Residencial, como nos trasladaron en reunión mantenida el día 27 de octubre a raíz de la difícil situación que se está viviendo en la Residencia de Salinas de Pisuerga, el Decreto normativo de los Centros Residenciales, marca unas ratios de profesionales tan mínimas, que siempre falta personal. El COVID-19 ha dejado al descubierto las carencias del servicio de atención residencial, poniendo de manifiesto el riesgo de la salud de trabajadores y usuarios. Y esto, si es responsabilidad de la JCYL que legisla sobre las condiciones que deben existir en las residencias.
La Junta de Castilla y León ha optado por un modelo residencial mixto público-privado, donde priman las plazas de gestión privada. Las plazas que son titularidad de la mayoría de los ayuntamientos no son de gestión pública, aunque sea contadas por la Consejería como tal, ya que son plazas gestionadas por empresas privadas, patronatos o entidades sin ánimo de lucro, donde el convenio de aplicación es el Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a Personas Dependientes y la gestión se realiza mediante el paraguas normativo de la JCYL.
Esto se traduce en que desgraciadamente y en concreto en la residencia que nos ha llevado a reunirnos con el Delegado Territorial, la situación es muy complicada laboralmente hablando, ya que hay de baja 13 trabajadores y su sustitución, a pesar de los esfuerzos tanto de la empresa, como del Ayuntamiento (que no tiene competencias), como de la Gerencia de Servicios Sociales de Palencia, está siendo realmente complicada generando una gran carga de trabajo tanto física como emocional, en los trabajadores que actualmente están en activo.
La Consejera de Familia se equivoca y echa balones fuera, responsabilizando a los Ayuntamientos, sólo le falta acabar responsabilizando a los trabajadores y/o a los propios usuarios.
Esto hay que tomárselo en serio y vivirlo día a día. Le pedimos a la Consejera de Familia que se deje de ideales y que se tome en serio la aplicación realista y más adecuada del modelo de Atención Centrada en la Persona como un modelo de derecho para todos, tanto para usuarios como para las personas trabajadoras en Castilla y León.
Desde UGT estimamos necesario poner en valor el trabajo de cuidados, de todos sus profesionales en su mayoría mujeres y pedimos extremar precauciones en la atención por la exposición a un doble peligro, contagiar y ser contagiadas. Asimismo, consideramos necesario que la administración prevea centros o unidades Covid de apoyo, cuando se producen mermas importantes en las plantillas.
En este momento las trabajadoras se están “dejando la piel” para dar una atención de calidad y creemos que por ellas y por las personas mayores, tanto la sociedad como la Administración debemos dar una respuesta adecuada”.