Los técnicos de los once CEAS de la provincia de Palencia manifestaron públicamente su malestar por “la injusta y muy significativa desigualdad salarial creada en los equipos técnicos de los CEAS de la provincia y que será, sin duda, una de las tareas que tendrán sobre sus mesas el nuevo equipo de Gobierno de la Diputación Provincial y las once nuevas corporaciones municipales implicadas”.
Así lo han dado a conocer el pasado lunes, 19 de junio en Guardo estos técnicos de los servicios sociales de los CEAS de la Diputación, contratados por los Ayuntamientos cabecera, quienes volvieron a manifestar públicamente su malestar “por esta incomprensible situación”. La financiación suficiente por parte de la Diputación a los Ayuntamientos “solventaría con rapidez el preocupante desequilibrio salarial (de entorno al 25%) entre unos trabajadores que forman parte de los mismos equipos y realizan las mismas funciones en los mismos territorios”.
Existe, desde hace varios lustros, una herramienta legal y acordada entre Ayuntamientos cabecera de CEAS y Diputación, para afrontar esta gestión tan particular (única en la Comunidad Autónoma) de los servicios Sociales Básicos que la normativa regional encomienda a la Diputaciones provinciales. Los convenios existentes regulan y acuerdan la organización, gestión y financiación de estos servicios básicos que con contrastada calidad atienden las necesidades sociales de todos los ciudadanos de la provincia. Una de las obligaciones de institución provincial es la asunción del coste del personal necesario para la prestación de una amplia cartera de servicios.
Este colectivo de técnicos repartidos por toda la provincia seguirá manifestando “su malestar y preocupación crecientes por esta situación, demandando una pronta solución. Cuestión para nada reñida con su empeño en un intenso y constante trabajo por el bienestar de los ciudadanos palentinos de la provincia; como así han hecho desde que en el año 1988 estos técnicos empezaron a desplegar su labor por todo el territorio palentino en unas precarias condiciones que a día de hoy aún permanecen”.
Concluyen señalando que “sin duda los ciudadanos, para quienes todos nos debemos, tanto políticos como técnicos, desean recibir servicios de calidad, prestados por personal justamente tratado. Simplemente es una cuestión de voluntad, justicia y dignidad”.