La Junta de Castilla y León reitera su compromiso y ayuda a las familias, autónomos, pymes, ganaderos, agricultores, apicultores o entidades locales, entre otros, afectados por los incendios forestales en la provincia.
El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado por el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, han mantenido elviernes un encuentro con los vecinos de San Pedro de Cansoles afectados por los incendios declarados en la zona el pasado 16 de agosto. Durante la reunión se han abordado todas las preocupaciones y necesidades planteadas por los vecinos con la principal finalidad de coordinar posibles medidas de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León, avanzar en la reconstrucción y resolver aquellas dudas generadas por los vecinos afectados.
El delegado territorial ha reiterado el compromiso de la Junta de Castilla y León con todos los ciudadanos, para los que ha puesto en marcha en tiempo récord una acción coordinada de atención a las personas, empresas e instituciones que hayan sufrido daños personales, materiales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, llevando a cabo actuaciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.
José Antonio Rubio ha escuchado las inquietudes de los afectados ofreciendo su colaboración con los municipios en aras de ofrecer soluciones efectivas y acompañar a la población en este proceso.
Finalmente, el delegado territorial ha recordado que el Gobierno autonómico remitió al Ministerio de Hacienda el pasado 26 de agosto la solicitud de modificación de la legislación que recoge las medidas ante situaciones de emergencia y una actualización de las ayudas estatales, limitadas a 17.000 euros por vivienda, así como la exención fiscal de las subvenciones autónomas y ayudas destinadas para la reconstrucción de viviendas no declaradas como residencia habitual y poder así evitar que los afectados pierdan parte de las aportaciones recibidas en impuestos. Hasta la fecha la Junta de Castilla y León no ha recibido respuesta por parte del Gobierno central sobre dicha cuestión.