La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, participaba esta mañana en la primera sesión plenaria del proyecto “G-100 rural proofing”; una iniciativa para creación de una herramienta para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural.
Porque es necesario tener en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las políticas y elaborar los presupuestos. Haciendo referencia también al diseño de los programas y estrategias que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales, y a reconocer el potencial de las zonas rurales para aportar soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles.
Todo ello, a través de 15 grupos de trabajo englobados en un G-100 compuesto de 50 hombres y 50 mujeres especialistas en economía, empleo, fiscalidad, medio ambiente, cultura, turismo, educación, municipalismos, gobernanza, etc., que analizarán e identificarán en 5 fases las normativas y políticas que influyen y/ o limitan la repoblación rural. La metodología de trabajo del #G100 será muy similar a la utilizada con éxito en el proyecto Territorios e Innovación Social puesto en marcha en enero de 2019 por El Hueco.
Cabe destacar que la Diputación de Palencia ha sido una administración pionera a la hora de poner en valor la perspectiva rural como mecanismo fundamental para combatir el reto demográfico. En el año 2018 el grupo Popular de la Institución Provincial presentó en el pleno del mes de julio una moción que proponía la incorporación de esta perspectiva en la legislación aplicable a las corporaciones locales; una moción que finalmente fue aprobada por unanimidad del pleno.
Una moción que ya solicitaba del Gobierno de la Nación -a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- y de la Junta de Castilla y León, cada uno en el marco de sus competencias; la incorporación de la perspectiva rural en sus iniciativas legislativas que permita dotar a los pequeños municipios, y al medio rural de un régimen jurídico dimensionado y adecuado a su población y presupuesto municipal.
Y es que, en ella, se plasmaba la idea de que el régimen jurídico aplicable a las corporaciones Locales ha incrementado notablemente el número de disposiciones para garantizar la trasparencia de todas ellas. Un aspecto que conduce a un nivel de exigencia y especialización que colisiona en su ejecución con la brecha existente entre el medio rural y el medio urbano, planteando problemas para su ejecución principalmente en los pequeños municipios.
Esta realidad dual requiere, por tanto, de la búsqueda de un punto de equilibrio. Esa perspectiva rural en la normativa, que, en este caso, no solo debe ir dirigida a la simplificación administrativa de las entidades locales, sino que también debe contribuir a la dinamización económica del medio rural; un efecto que puede adquirir mayores dimensiones en los pueblos más pequeños. Ya que esto supone mejorar la atención al ciudadano, a los emprendedores, a asociaciones y a la población en general, haciendo más ágil y eficaz la gestión y más atractivo el medio rural.
En definitiva, una moción que abría ya la puerta en 2018, junto a la celebración del III Congreso de Despoblación en Aguilar de Campoo; a esta perspectiva rural de la que hoy hablamos y que ya por aquel entonces quería “impulsar soluciones y regulación rural para problemas y situaciones rurales, y no soluciones urbanas para problemas rurales” tal y como sentenciaba ya Ángeles Armisén.