Según comunica Ecologistas en Acción Palencia en el año 2019 una operación del Seprona de la Guardia Civil desactivó diez puntos de furtivismo en la provincia, sin embargo, “la respuesta de la Junta ha sido no iniciar expediente sancionador”, así lo expresan en la siguiente nota de prensa:
“El acta denuncia del Seprona de mayo de 2019 recoge el hallazgo, inutilización y desactivación de diez puntos de prácticas furtivas de caza (cebaderos, tiraderos, jaulas-trampa, lazos de acero, etc.) así como el hallazgo y la recuperación de una cabeza de ciervo macho trofeo dentro del Parque Natural de la Montaña Palentina.
Entre las infracciones denunciadas en los distintos cotos privados de caza se detectaron la tenencia, uso y utilización de procedimientos masivos no selectivos para la captura y muerte de todo tipo de animales, además de carecer de cualquier tipo de autorización cinegética del Servicio Territorial de Medio Ambiente, estas infracciones están catalogadas como graves según la Ley de Caza de Castilla y León. A esto hay que añadir la alteración del hábitat del oso pardo, especie catalogada en peligro de extinción, así como la alteración de las condiciones de un espacio natural protegido, en lo que al Parque Natural de la Montaña Palentina concierne.
El instructor ha elaborado una resolución basada solamente en la información facilitada por una Oficina Comarcal de las tres afectadas y que supone una quinta parte de los cotos denunciados, en la que no se aporta ninguna prueba que contradiga los hechos denunciados y sí que deja en mal lugar su labor como encargado de controlar y vigilar las autorizaciones concedidas a los cotos de caza.
La resolución no tiene en cuenta el valor de las pruebas aportadas por el Seprona y se limita a hacer una exposición de suposiciones, apreciaciones subjetivas y de pocas certezas, fruto de las prisas y la necesidad de justificación ante la Fiscalía. Los fundamentos jurídicos utilizados son una recopilación normativa que no responde al caso de furtivismo que se denuncia y se cita jurisprudencia de hace más de 20 años, siendo una sentencia de 2006 la más reciente, cuando la normativa ambiental ha sufrido un importante cambio en esta última década.
Ecologistas en Acción considera que para una Resolución de esta importancia, por lo que supone de lucha contra el furtivismo, se debe exigir algo más de profesionalidad y rigurosidad a la hora de justificar lo que a todas luces parecen ser claras infracciones administrativas, la no apertura de expediente sancionador hace un flaco favor al trabajo de las fuerzas de seguridad y dan alas a los infractores.
Existe un importante problema de dirección en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que se traduce en una manifiesta falta de diligencia en la tramitación de todo tipo de denuncias, no solamente las referidas al ámbito cinegético, aunque son estas las más sangrantes por lo que suponen de pérdida de ingresos económicos para la propia administración y por el mensaje que se lanza a los infractores de que incumplir la ley no tiene castigo, todas las secciones del Servicio sufren la permisividad y la condescendencia de la dirección para con los infractores”.