Ecologistas en Acción Palencia ha emitido un comunicado de prensa señalando que el procedimiento seguido con el oso pardo muerto en Muñeca de la Peña en diciembre de 2014 no siguió los protocolos correctos. “Iniciado el año se han incorporado a las diligencias judiciales tres informes que no dejan en buen lugar la forma de proceder con el cadáver del oso pardo que se encontró vivo en Muñeca de la Peña en Diciembre de 2014 y que murió con posterioridad a recibir los tratamientos, durante su traslado a Cabárceno”, apuntan desde la organización ecologista palentina.
Al parecer, estos informes aportados pertenecen a la Unidad Forense de Apoyo de la Junta de Andalucía, otro a la Universidad de Alcalá de Henares y el tercero a AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) centro veterinario de recuperación de fauna silvestre de la provincia de Badajoz. Los tres coinciden en la mayoría de los argumentos, indicando todos ellos que “es indispensable realizar una analítica toxicológica completa para descartar con certeza una muerte por envenenamiento que, en ningún caso, una necropsia puede descartar como pretende hacer creer el veterinario de León que realizó ésta, a petición de la Junta de Castilla y León”.
Además, los tres informes también coinciden en la necesidad de realizar pueblas diagnósticas complementarias, radiografías, apoyarse en otras disciplinas y en afirmar que no es suficiente un examen visual para poder realizar una necropsia con garantías. “También descartan estos informes que haya podido haber mordeduras y más bien coinciden en que las heridas pueden haber sido causadas por elementos cortantes, recordando que la Junta de Castilla y León, sus técnicos y la mayoría de los participantes en el proceso, todos tutelados por la Administración Regional, se decantaban por mordeduras de otro oso”, apuntan desde Ecologistas en Acción.
El informe de la Junta de Andalucía, en base a la documentación aportada, se decanta por una muerte no natural (intervención humana) y los tres descartan rotundamente participar en una necropsia de un cadáver de una especie en peligro de extinción sin contar con pronunciamiento, orden o autorización judicial, como ocurrió en este caso.
“En fin”, dicen desde EeA, “estos informes constituyen un varapalo total al proceso efectuado por la Junta de Castilla y León, sus técnicos -especialmente al Jefe de la Sección de Especies Protegidas y Director del Parque Natural- y a los servicios veterinarios participantes a las órdenes de la Junta de Castilla y León”. “Confiamos en que la Juez autorice la realización al menos de análisis toxicológicos completos de todos los tóxicos posibles, tal y como recomiendan los informes aportados y como hemos solicitado, para que al menos pueda descartarse totalmente el veneno como causa de debilitamiento y posterior muerte del oso”, concluyen.