El Grupo Socialista en la Diputación de Palencia solicitará formalmente, en el transcurso del pleno a celebrar mañana por esta institución, la derogación y retirada del decreto por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León.
Desde el PSOE se considera necesario consensuar un nuevo proyecto en el seno de la mesa de trabajo sectorial formada por los sindicatos, La Federación Regional de Municipios y Provincias y la propia Junta de Castilla y León que garantice una financiación adecuada para la implantación, mantenimiento y prestación de los servicios coordinados que se prestan.
Con el fin de conseguir estos fines, los diputados socialistas proponen a la administración autonómica que promueva de inmediato la creación de un Consorcio Autonómico como un ente de carácter público, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar en su propio nombre.
La moción socialista recuerda que la propia ley delega en los municipios la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, siendo ésta obligatoria para las localidades de más de 20.000 habitantes, y para los de menos, corresponde a las diputaciones provinciales su prestación. Para ello se señala que los bomberos profesionales son los que ostentan el carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de las funciones encomendadas y por ello habrán de ser funcionarios de carrera, considerándose colaboradores de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento a los voluntarios para la extinción de incendios.
Desde el PSOE se considera necesaria la retirada de este plan por no contemplar una disponibilidad presupuestaria suficiente, así como ningún criterio objetivo que determine la localización de los 105 núcleos donde serán ubicados los distintos parques de bomberos.
El Grupo Socialista lamenta la alarma que el plan ha generado en muchos de los municipios de Castilla y León, que a lo largo de los años han habilitado dispositivos de intervención en emergencias con la intención de paliar las deficiencias, que por el incumplimiento de la legislación vigente de forma sistemática incurren tanto la inmensa mayoría de las diputaciones provinciales como la propia Junta de Castilla y León.
Por último, con la aprobación del citado Plan Sectorial se ha creado una inseguridad jurídica grave en aquellos ayuntamientos que, disponiendo en la actualidad de operativos de intervención en emergencias e incendios, pueden incurrir en responsabilidades tanto patrimoniales como penales. Inseguridad que también se deja notar en la custodia del territorio, los bienes y las personas que no contarán con garantías en la prestación de este servicio esencial a los ciudadanos y ciudadanas de todo el territorio de nuestra comunidad, sea este urbano o rural.