El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y los líderes de Cecale, Santiago Aparicio; CCOO, Vicente Andrés, y UGT, Faustino Temprano, acuerdan 27 medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19
Las ayudas se dirigen prioritariamente a pymes y autónomos de los sectores que peor lo están pasando, como la hostelería, el turismo y el comercio, y a los desempleados y colectivos más vulnerables
El presidente destaca el esfuerzo económico y el compromiso de su Gobierno con la hostelería y exige al Ejecutivo de España la puesta en marcha de un plan de apoyo al sector que permita ofrecer una respuesta coordinada al problema
El documento desarrolla el punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social firmado el pasado 17 de junio por la mayoría de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido esta mañana en Valladolid una reunión del Consejo del Diálogo Social, en la que ha rubricado un Plan de Choque para la protección de la actividad económica y del empleo junto al presidente de Cecale, Santiago Aparicio, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente.
El documento recoge 27 líneas de ayudas y programas de apoyo, con una dotación superior a los 82,3 millones de euros, enfocadas prioritariamente a los sectores productivos que peor lo están pasando. Tienen como objetivos generales amortiguar el golpe de la pandemia sobre la economía, facilitar la recuperación de pymes y autónomos, favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo y reducir el impacto social de la crisis sanitaria.
Se trata de un plan “por y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Castilla y León”, tal y como ha destacado el presidente de la Junta, quien ha agradecido el trabajo y la generosidad demostrados por los agentes económicos y sociales al alcanzar este importante acuerdo en unos momentos de dificultades.
Diálogo social imprescindible e irrenunciable
Fernández Mañueco ha calificado de “imprescindible e irrenunciable” el Diálogo Social, que en este contexto complejo aporta “certeza y certidumbre”, “fortalece la estabilidad” y “garantiza la paz social”.
Las medidas recogidas en el plan de choque se dirigen preferentemente a los sectores productivos que están soportando un mayor impacto de la crisis. Es el caso de la hostelería y el turismo. Autónomos y empresas dedicadas a estas actividades contarán con líneas de ayuda específicas o preferentes, que suman 21,4 millones de euros, al tiempo que podrán acceder a 11,4 millones en programas generales de liquidez y crédito con avales, a interés cero.
Así, se habilitan subvenciones directas para la adecuación de espacios seguros que permitan continuar con la actividad en la temporada de invierno, por ejemplo, mediante el cerramiento de terrazas y la instalación de mobiliario de confort (mamparas, estufas, cortavientos…); ayudas para financiar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y las contrataciones necesarias para sustituir a empleados de baja por COVID-19; líneas para incentivar la demanda y para la adquisición de equipos de protección colectiva.
También se contemplan apoyos financieros para que las empresas del denominado ‘canal Horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías) puedan afrontar los pagos a sus proveedores, garantizando así liquidez al sector primario autonómico. Y se establecen bonificaciones al consumo de servicios turísticos realizados en establecimientos de Castilla y León y ayudas al mantenimiento del empleo.
Compromiso con el sector
El presidente autonómico ha resaltado el esfuerzo presupuestario que va a realizar la Junta a través de este plan, lo que evidencia su compromiso con estas actividades productivas, y ha exigido al Gobierno de España que también se implique con la hostelería y el turismo.
Según ha argumentado, la situación complicada por la que atraviesan estos sectores no es un problema exclusivo de un territorio, sino que afecta al conjunto del país, lo que requiere una “respuesta conjunta y coordinada” que debe liderar el Ejecutivo central, con la participación de las administraciones autonómicas y locales y de los empresarios.
Fernández Mañueco ha insistido en que es al Gobierno de España al que corresponde articular ese plan de apoyo a la hostelería, pero ha añadido que, si no lo hace, Castilla y León impulsará uno propio para la reactivación de esta actividad estratégica para la economía.
Apoyos al Comercio
Junto a las medidas específicas para los sectores hostelero y turístico, el Plan de Choque prevé también distintas actuaciones para reactivar el consumo e impulsar el comercio de proximidad, así como medidas de apoyo a los promotores de actividades culturales, feriantes o promotores de orquesta.
Desde el punto de vista del empleo, se incluye una línea de ayudas para fomentar la contratación de desempleados por parte de las entidades locales; para apoyar a mayores de 55 años que se hayan quedado sin su puesto de trabajo durante esta pandemia, y para complementar las prestaciones de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Digitalización y seguridad industrial
Además de estas ayudas que pretenden garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, el acuerdo firmado esta mañana contempla otras medidas para que empresas y trabajadores puedan adaptar su sistema productivo a las necesidades del futuro y a los cambios que se están produciendo en el mercado laboral y que se han visto acelerados por la pandemia.
En este sentido, el documento recoge incentivos a la digitalización, modernización y mejora de la seguridad de las empresas, así como programas para la formación y cualificación de trabajadores y desempleados en competencias digitales.
El Plan de Choque suscrito hoy da cumplimiento al punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, firmado el pasado 17 de junio entre la Junta y la mayoría de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Asimismo, su puesta en marcha implica reforzar y complementar el plan de medidas extraordinarias para la protección de los trabajadores, las empresas y las familias frente a la COVID-19, aprobado en abril.