El pleno de la Diputación de Palencia se celebraba hoy de manera semipresencial, bajo la presidencia de Ángeles Armisén y con un número reducido de diputados en la sala, con los consiguientes protocolos de seguridad establecidos dada la situación actual de la pandemia de la COVID-19.
Los temas que destacaron en la sesión ordinaria del mes de julio fueron, en primer lugar, la propuesta de adhesión al convenio de la Agencia Estatal de Administración tributaria con la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.
Este nuevo convenio al que se adhiere la Diputación de Palencia, que sustituye al de 2003 suscrito para la misma materia, “viene motivado por la necesidad de establecer un nuevo sistema de intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales que prevea todas las posibilidades tecnológicas existentes en la actualidad; logrando con ello la agilización en la disposición de la información, una disminución de los costes incurridos y su adaptación a la normativa vigente en materia de tratamiento de datos personales y control y seguridad de los datos suministrados” según ha asegurado durante su intervención la diputada responsable del área de Hacienda, María José de la Fuente.
Concretamente la información a suministrar tiene, en este caso, una doble vertiente que van de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, por un lado; con información necesaria para procedimientos de Gestión Tributaria y Recaudación y la suministrada para otras finalidades no tributarias como son las relacionadas con las ayudas públicas y la contratación administrativa.
Mientras que desde las Entidades Locales a la Agencia Tributaria se trata esencialmente de información sobre altas, bajas, modificaciones y liquidaciones de algunos impuestos locales y a información sobre medios de pago en la medida que resulte técnicamente posible.
Finalmente, cabe destacar que el texto del convenio desarrolla algunos aspectos relacionados con la colaboración en la gestión recaudatoria de Entidades Locales mediante la práctica de embargos de devoluciones tributarias y de pagos que deban realizarse tanto por la Agencia Tributaria como por Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y demás entes y Empresas. Una propuesta que se vio a favor por parte de todos los grupos.
PERIODO MEDIO DE PAGO. Por otro lado, se dio cuenta del informe de Tesorería sobre el Periodo medio de pago a proveedores de la Institución a mes de mayo de 2021, que es de 8,52 días; inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa vigente.
APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS. Por último, se aprobó la proposición del Grupo Popular, con la abstención del Grupo Socialista y el Grupo Mixto; para instar al gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el Estado por la liquidación negativa de la participación en ingresos del mismo en el año 2020.
Y es que actual modelo de financiación local conlleva una problemática: las entidades locales reciben unas cantidades en concepto de anticipo por su participación en los ingresos del Estado, que se basan en una mera previsión del Gobierno. Dos años después, esas cantidades son regularizadas teniendo en cuenta la recaudación tributaria real en ese ejercicio.
Así, las entidades locales -incluida la Diputación de Palencia-, percibieron en 2020 una cantidad por las estimaciones del Ejecutivo que es superior a la recaudación efectiva. La propia Agencia Tributaria afirma que las bases imponibles de los principales impuestos disminuyeron un 7,7%, la mayor caída desde 1995.
Este hecho provocará que, en 2022, cuando se produzca la liquidación definitiva del ejercicio 2020, Ayuntamientos y Diputaciones tengan que entregar unos 3.000 millones de euros al Gobierno. Supondría un obstáculo para la supervivencia financiera de muchas corporaciones locales y un riesgo para garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Por ello, se insta al Gobierno de España a que habilite una serie de mecanismos para evitar el impacto de esta liquidación negativa, que van desde la condonación de la deuda hasta el establecimiento de un fraccionamiento del pago que alcance los 20 años.