La Diputación de Palencia ha aprobado en la Junta de Gobierno que preside Ángeles Armisén, dentro del área de Acción Territorial el protocolo de actuación entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio y la institución provincial para la redacción y desarrollo de un Plan General de Abastecimiento de agua potable en la provincia.
El objetivo de ambas administraciones es hacer posible que, a lo largo y ancho de la provincia, los vecinos de los municipios puedan disponer de agua potable de calidad en sus hogares, y conseguirlo de la manera más eficiente y sostenible que sea posible.
En este contexto y para avanzar en la colaboración (como ya se hizo para el desarrollo de infraestructuras de depuración de aguas residuales con la firma de los protocolos de 2020 y 2023 que dan solución a los municipios de la provincia de Palencia), con este protocolo se sientan las bases para elaborar un diagnóstico, el estudio de alternativas y el diseño de un Plan General de Abastecimiento para la Provincia de Palencia en materia de infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua de forma centralizada a los municipios de la provincia de Palencia, su ejecución y posterior mantenimiento, explotación y gobernanza.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Entre los servicios que tienen encomendados por ley las administraciones, están el abastecimiento de agua potable y la depuración de aguas residuales, y las Diputaciones Provinciales, deben coordinarlo para garantizarlo en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes; por ello, desde la institución provincial palentina se han mantenido varias reuniones con la Consejería para intentar dar una solución viable y duradera a los múltiples y diversos problemas que tienen los ayuntamientos en este sentido.
La Agenda Rural de Palencia, define como medida estratégica prioritaria la “renovación de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en el medio rural”, dentro las medidas de adaptación al reto demográfico, incluyendo la “coordinación interadministrativa y suscripción de convenios y protocolos para la mejora de la calidad y la eficiencia”
Y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y por ende la Consejería, además de promover y dirigir la política en materia de aguas e infraestructuras ambientales, ejerce las funciones de ayuda técnica y económica a las Corporaciones Locales, para la realización de inversiones en infraestructuras hidráulicas.
GRUPO DE TRABAJO. Al amparo del protocolo se creará un grupo de trabajo, con técnicos de ambas administraciones, que supervise la realización de un profundo estudio de alternativas que, contrastadas con la información más actual disponible, así como con el criterio municipal, permitan alcanzar la solución más adecuada en cada caso, para conseguir ese Plan General de Abastecimiento en acuerdos futuros.
Aunque la firma del protocolo no conlleva, a priori, ninguna aportación económica de ninguna de las partes, sí que refleja un esquema de financiación del plan general (40% Consejería, 40% Diputación Provincial y 20% Ayuntamiento), que se determinarán en los correspondientes acuerdos futuros que se tengan que firmar.
AMBITO DE COLABORACIÓN. La estructura geográfica de la provincia de Palencia, así como las dificultades cada vez mayores de realizar tomas de aguas subterráneas por problemas de contaminación de acuíferos, aconsejan planificar sistemas de abastecimiento mancomunados norte-sur que garanticen agua de calidad a un precio asequible.
Además, abordará las tareas de mantenimiento y explotación de las infraestructuras que se ejecuten, durante todo el periodo de su vida útil, así como su sostenibilidad económica social y ambiental en un entorno de dispersión de la población. Las actuaciones del futuro plan pasarán por: la redacción del Plan General de Abastecimiento de la Provincia de Palencia, la construcción de las infraestructuras necesarias, como pueden ser: abastecimientos mancomunados o colectivos que garanticen las necesidades de agua potable de los municipios con problemas constatados, construcción o ampliación de depósitos para aumentar la capacidad de regulación, soluciones individuales sostenibles en aquellos municipios en los que no sea posible su conexión con sistemas colectivos y el estudio de la forma jurídica más adecuada para la gobernanza y administración de las futuras instalaciones