La Guardia Civil de Palencia, con motivo de los diferentes servicios que realiza de vigilancia y control en prevención de la caza furtiva, en el marco de la orden anual de caza, denunció el pasado mes de marzo a un varón de 29 años, con residencia en la comunidad de Cantabria, por haber cazado un ciervo careciendo del preceptivo y obligatorio precinto en sus cuernas, que acredite su legal procedencia.
En uno de los servicios de vigilancia realizados, la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Alar del Rey, observó en un paraje del término municipal de Barrio de San Vicente, colgada de un árbol en el interior de un saco de plástico, una cabeza de ciervo macho joven (Cervus Elaphus). Se trata de un trofeo de caza de 14 puntas, de buena simetría, diámetro y envergadura, con amplias luchaderas, que no contaba con el preceptivo y obligatorio precinto colocado en sus cuernas.
Realizadas gestiones, se identificó al propietario de la cabeza de ciervo, con un precio en el mercado cinegético de 1500 euros, que no acreditó su legal procedencia, así como de cualquier otro documento, marca o reseña que ampárese su lícita caza.
Se le intervino la cabeza de ciervo macho, siendo colocado un precinto original por la Patrulla del Seprona de Barruelo de Santullán de la Guardia Civil, con la prohibición de violentar, quitar o alterar el precinto oficial, quedando a disposición de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.
Las actuaciones realizadas pudieran representar una supuesta vulneración a la Ley de Caza y la Orden por la que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los cotos privados y federativos de Caza de Castilla y León, al poderse producir una reutilización de los precintos de caza, con aprovechamiento abusivo de las especies cinegéticas existentes y con incumplimiento de los correspondientes Planes Cinegéticos. Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por una supuesta infracción grave a la normativa antes reseñada.