Miembros de los colectivos que se oponen a la instalación de macroplantas fotovoltaicas y eólicas en la Montaña Palentina se han reunido esta semana con el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo y con el jefe de Servicio de Industria de Palencia, José María Casas. Representantes de la Mesa Eólica de la Montaña Palentina, la Asociación Ecologista La Braña y la Asociación vecinal de Orbó pusieron voz a los cientos de ciudadanos y más de 20 colectivos que rechazan estas instalaciones industriales en el cuadrante noreste de la provincia. La propia Junta de Castilla y León ha reconocido que contra estos proyectos se han presentado cientos de alegaciones, algo extraordinariamente inusual en la provincia de Palencia.
El encuentro se prolongó durante más de dos horas en las que los integrantes de estos colectivos trasladaron a la Junta “la rotunda negativa de los habitantes de la comarca a que su patrimonio natural, cultural y paisajístico se vea destruido por la pretensión de varias empresas de convertir la Montaña Palentina en un negro mar de cristal coronado por aerogeneradores de 220 metros.
“Tanto Rubio Mielgo como Casas se escudaron en los informes técnicos que han permitido que los proyectos fotovoltaicos Cillamayor 1, Callisto y Europa superen la Declaración de Impacto Ambiental”, explican. Los voluntarios de los colectivos alegaron que “es incomprensible e injustificable que la contundencia de los argumentos técnicos que sustentaron una declaración de impacto ambiental desfavorable para las centrales eólicas Rubagón y Pisuerga, no sirvan para desautorizar las macrocentrales fotovoltaicas proyectadas en ese mismo entorno, entre las localidades de Matamorisca y Salinas de Pisuerga, ocupando 150 ha. Con 208.797 paneles, en un espacio geográfico inmediatamente rodeado por cinco espacios naturales protegidos (un parque natural, dos paisajes protegidos y dos monumentos naturales), lo que afectará gravemente a su conectividad, que presenta coincidencia geográfica con el Geoparque Mundial Las Loras (único Geoparque Mundial declarado por la UNESCO en todo Castilla y León)”.
Un área, según los documentos técnicos de la propia Junta “de enorme valor paisajístico“ (tres de los espacios naturales ya figuran desde 1975 en el Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes), “clasificada como una zona de extraordinaria sensibilidad para las aves planeadoras”, “coincidente con la mayor concentración de milano real, especie catalogada en peligro de extinción” (con presencia de otras muchas especies protegidas, incluido el urogallo cantábrico y el oso pardo), “un territorio natural y una comarca igualmente extraordinaria por sus valores culturales y en particular por la concentración de arte románico”.
Los tres proyectos fotovoltaicos se sitúan en el epicentro del Románico Palentino, con candidatura abierta para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e incluido ya como uno de los 100 Paisajes Singulares de España por el Ministerio de Cultura, lo que puede considerarse un anticipo de protección como Paisaje Cultural de España. De igual forma, reprocharon a los representantes de la Junta que esta DIA se haya emitido favorable para los proyectos fotovoltaicos, “cuando la propia Junta alegó contra la central eólica de Las Quintanillas sirviéndose de los mismos argumentos, para evitar que el Gobierno de Cantabria permitiera dicha central en terrenos limítrofes a la localidad palentina de Valberzoso”.
Los miembros de las asociaciones aprovecharon su visita a la Junta para solicitar la revisión de oficio y nulidad de todo el proceso por considerarlo “manifiestamente irregular, anunciando que iniciarán las acciones legales oportunas si la Junta persiste en otorgar la autorización definitiva”. Estas acciones legales pueden extenderse también contra el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, que está tramitando la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y en cuyo periodo de alegaciones se han sucedido requerimientos y acciones por parte de la autoridad local contrarias a facilitar la participación ciudadana en el desarrollo de la actividad urbanística, conforme prescribe el artículo 6 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Desde los colectivos que se oponen a estas industrias se insta a que “los ayuntamientos (Aguilar, Brañosera y Barruelo) y juntas vecinales afectadas (Matamorisca, Matabuena y Cillamayor) denieguen cualquier permiso o autorización, amparándose en el verdadero interés público y en la defensa del patrimonio y el futuro de todos, frente a intereses basados exclusivamente en la expectativa de beneficio privado”.