El pasado lunes 23 de octubre se cumplieron los seis primeros años de funcionamiento de los radares de tramo instalados por la Dirección General de Tráfico en las carreteras autonómicas CL-613 (Palencia- Sahagún) y CL-615 (Palencia- Guardo).
Durante los seis años inmediatamente anteriores a la instalación de estos radares de tramo (2011-2017) Tráfico registró en estas dos carreteras un total de 1.004 accidentes que provocaron un balance de 17 personas fallecidas y 222 heridos.
Sin embargo, durante los seis primeros años de funcionamiento de los radares de tramo (2017-2023) Tráfico ha registrado en estas dos carreteras un total de 993 accidentes con un balance de tres personas fallecidas y 114 heridos.
El primer accidente mortal sufrido en estas dos carreteras tras la activación de los radares de tramo se produjo el 12 de julio de 2019 en la CL-615 cuando dos turismos colisionaron frontalmente cerca de Villoldo con el resultado de una persona fallecida.
El segundo y último accidente mortal hasta el presente, en el que fallecieron dos personas, se produjo el 23 de diciembre de 2021 en la CL-613 junto a Cisneros al no respetarse la prioridad de paso en una intersección; el lugar de aquel accidente se encuentra fuera del espacio controlado por los radares de tramo.
Estos cómputos de daños personales incluyen el seguimiento a los heridos durante las 24 horas siguientes al momento del accidente.
Además del servicio prestado por estos cinemómetros, la Guardia Civil y el helicóptero de la Dirección General de Tráfico no han dejado de vigilar el comportamiento de los conductores a lo largo de estas dos carreteras convencionales.
Durante estos últimos años la Junta de Castilla y León, titular de estas dos carreteras, ha instalado en dichas vías diversos sistemas de seguridad y ha mejorado el firme en varios tramos. También ha ubicado numerosas señales verticales y pintó las marcas viales verdes para advertir de que ambas carreteras se encuentran especialmente vigiladas.
Infracciones detectadas
Durante estos últimos seis años, la vigilancia practicada por estos radares ha motivado la iniciación de 12.058 procedimientos sancionadores contra los infractores que han circulado por estos tramos a velocidades medias superiores a los 90 km/h más un pequeño margen de tolerancia. El Centro Estrada con sede en León ha iniciado y tramitado los citados procedimientos sancionadores tras comprobar que todas las fotografías y todos los datos obtenidos por estos cinemómetros de tramo son totalmente nítidos e indiscutibles.
Durante el presente año 2023 el mayor exceso de velocidad captado hasta la fecha por estos radares se produjo el pasado 29 de abril en la CL-615 cuando registraron a un vehículo mixto cuyo conductor circuló en el tramo de Renedo de la Vega a Carrión de los Condes a una media de 151,5 km/hora aun cuando la velocidad máxima legal de las carreteras convencionales es de 90 km/h. Se adjunta fotografía de este vehículo en las cercanías de Renedo de la Vega.
El mayor exceso de velocidad media denunciado y sancionado hasta el presente lo detectó unos de los radares instalados en la carretera CL-613 (Palencia- Sahagún) el 21 de agosto de 2018: captó a un vehículo que circuló a una velocidad media de 163,4 km/h durante un tramo en el que la velocidad máxima permitida también es de 90 km/h.
La velocidad máxima permitida en estas dos carreteras autonómicas, 90 km/h, es la misma velocidad máxima genérica permitida por la legislación de tráfico en todas las carreteras convencionales de toda España para turismos, motocicletas, autobuses y otros vehículos.
Las infracciones por exceso de velocidad son sancionadas con multas de entre 100 y 600 euros y, en los supuestos más graves, provocan la resta de entre 2 y 6 puntos.
Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 379 del Código Penal, el conductor de un turismo o una motocicleta que circule a velocidades superiores a los 170 km/h por estas carreteras convencionales, limitadas a 90 km/h, podrá incurrir en un delito contra la seguridad vial cuya sanción conllevaría la privación del permiso de conducción por un plazo de entre uno y cuatro años y, además, con una multa o trabajos en beneficio de la comunidad o prisión de tres a seis meses y con la posibilidad añadida de que el Juzgado decomise el vehículo infractor.
El Convenio entre la Dirección General de Tráfico y la Junta de Castilla y León
La instalación de estos radares fue consecuencia del Convenio que firmó la Dirección General de Tráfico con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León el 17 de octubre de 2016 con la finalidad de mejorar la seguridad vial de estas dos carreteras autonómicas cuya siniestralidad era especialmente elevada.
Este Convenio ha impulsado en los últimos años la aplicación de diversas medidas piloto sobre estas dos carreteras convencionales tales como las marcas viales verdes o la instalación de novedosas medidas para prevenir accidentes con animales.