Miembros de la Plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas en colaboración con el Ayuntamiento de Alar del Rey, colocaron ayer una mesa informativa para mostrar a todos los vecinos que se acercaron, “los detalles del megaproyecto y lo que va a suponer en su vida diaria ya que muchos de ellos solo pensaban en el gran número de trabajos que esta industria iba a traer a la zona. Sin embargo la sorpresa de la mayor parte de ellos fue conocer que en los proyectos presentados solo vienen apenas dos trabajadores por granja, en contra de los más de 100 puestos de trabajo que en las charlas iniciales por parte de la empresa promotora, Decamed Trading, dijeron que supondría para esta comarca”, explican desde las plataformas.
Los vecinos “de manera unánime al conocer todos los detalles fueron mostrando su descontento y preocupación ante la puesta en marcha de esta industria cárnica que no va a traer ningún benéfico económico, social, ni medioambiental a los vecinos y municipios afectados”.
La Plataforma informó acerca del número de macrogranjas, 14 en su totalidad, del número de cerdos previstos en el proyecto, más de 80.000 y sobre todo del consumo de agua diario que va a suponer la puesta en marcha de esta industria, 6.418.574,9 litros/día, cuando habitualmente en esta comarca su consumo de agua es 566.544 litros/día.
Una vez informados a los vecinos de las consecuencias del proyecto, “éstos comenzaron a realizar preguntas a los miembros de la plataforma, una de las preguntas que más se hicieron es ¿por qué tienen que ponerla al lado de nuestras casas y nuestros campos?, ¿cómo se puede parar este proyecto? y sobre todo ¿a quién beneficia?”.
Uno de los puntos más tratados fue “la puesta en marcha la propuesta del decreto de Impulso y simplificación de la actividad administrativa para el Fomento de la reactivación Productiva de Castilla y León que la Junta quiere tramitar este mismo miércoles para así dar entrada a múltiples proyectos como los de la Macrogranjas industriales de cerdos que no van a necesitar licencia ambiental, ni van a estar obligados a información pública a la hora de establecer la actividad, y a saber que otros proyectos como vertederos, incineradoras, minerías agresiva…..Aumentando así la indefensión de los vecinos que no van a poder conocer nada de esos proyectos con anterioridad y que tendrán conocimiento de ellos en el momento en que el comiencen las obras y sea imposible dar marcha atrás a esa actividad”.