La plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas ha denunciado que en los últimos días están apareciendo en medios de comunicación nacional, informaciones sobre las “bondades de la industria de las macrogranjas”. Unos datos, señalan que son “verdades a medias, acerca del gran beneficio económico que traen para los propietarios de ellas, pero se olvidan de los grandes perjuicios que quedan para los residentes de las zonas donde están situadas”. Por ello, quieren poner de manifiesto “la verdadera realidad de las macrogranjas, en este caso de cerdos, donde los animales malviven en unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que dicen las grandes corporaciones que quieren montar estas fábricas, como se ve la fotografía de Aitor Garmendia”.
Así lo explican en el siguiente comunicado:
“Según Interporc, la organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, la apuesta del porcino por la “España Rural” es creciente, ya que entre 2008-2018 se ha incrementado de un 13 a un 18%. Pero lo que no cuentan es que, en Zamora, por poner un ejemplo, en 1990 había 18.000 pequeñas granjas de porcino de las que en 2018 solo quedaban 600, eso sí con una mayor producción anual de cerdos, pero con muchísimas menos personas trabajando en ellas.
Muchas de esas granjas, que asentaban población y daban puestos de trabajo en los pueblos en los que estaban situadas, se vieron obligadas a cerrar al no poder competir en precios. Se empezó a primar la cantidad frente a la calidad. Algunas tuvieron que convertirse en franquicias de las multinacionales cárnicas.
¿Quiénes son los que apuestan por poner este tipo de instalaciones en las zonas rurales? ¿las personas que vivimos en las zonas rurales o las grandes empresas ayudadas de subvenciones? Estas últimas solo lo ven como un modo fácil de invertir su dinero para que produzca el mayor beneficio posible en el menor tiempo sin luego sufrir las consecuencias negativas que quedan en el terreno. Al ser instalaciones industriales, nos preguntamos ¿por qué no se llevan a los grandes polígonos industriales de las ciudades?
El presidente de FEPORCYL, Miguel Ángel Ortiz señala “donde hay una granja de porcino también hay empleo femenino y hay niños.” En una granja sí sucede eso, pero en una macrogranja NO. En los proyectos presentados en la zona Boedo, Ojeda y Odra-Pisuerga hablan de 1,5 puestos de trabajo por instalación. son puestos de trabajo precarios y muy posiblemente mal remunerados. ¿A quién quiere engañar? Por experiencia verificada y cuantificada de otros territorios donde se han instalado hace años estas industrias, se ha perdido mucha población, pues quienes vivían del sector servicios han tenido que cerrar sus empresas porque el turismo ha desaparecido por completo.
La concentración en pocas manos de la propiedad de la industria cárnica solo beneficia a los propietarios de las mismas. Son grandes empresas las dueñas de los animales, de los piensos y de los antibióticos que les suministran: se trata de una economía en vertical. Este modelo no se acopla al territorio, los animales no pastan, ni se alimentan con los recursos de la zona y sus desechos no nutren la tierra de manera sostenible. Su alimento se basa en piensos concentrados a base de soja y maíz transgénico causantes de una deforestación generalizada, de la destrucción de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos. Si a esto añadimos el consumo de antibióticos que se les añade en el pienso o agua, agravamos el problema de resistencia a antibióticos.
La pandemia nos ha permitido comprobar que hemos roto “las barreras naturales”. Hay enfermedades de tipo zoonótico que no llegarían a nosotros si tuviéramos unos ecosistemas ricos y biodiversos. Esto se soluciona dejando de agredir al territorio. El auge de las pandemias globales (gripe aviar, gripe porcina) se han relacionado directamente con las explotaciones industriales.
Las propias Confederaciones Hidrográficas dan datos de que los acuíferos de España están en retroceso y progresivamente están cada vez más contaminados. Cataluña tiene el 41% de los acuíferos inservibles para consumo humano, contaminados por nitratos provenientes de purines.
Aragón ha tenido que elaborar un decreto sobre control de purines porque su cuenca fluvial está contaminada. Ahora quieren continuar contaminando en Castilla y León.
Creemos necesario que haya políticas de apoyo a los pequeños productores. Políticas públicas que apoyen prácticas agroecológicas que demuestren que pueden producir carne respetando el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de los animales que además consumen menos recursos y emplean prácticas agrícolas más sostenibles.
Alemania no permite echar purines en las tierras. Holanda ha invertido 250 millones de euros para cerrar estas instalaciones. Si estamos viendo las medidas que se toman en otros países ¿vamos a caer y tropezar en la misma piedra?
Este “tirón” que atraviesa el sector quiere ser aprovechado por Feporcyl para conseguir fondos europeos a costa de enterrar a la zona rural, a costa de ir contra la salud pública, contra la salud de la tierra que pisamos, de las aguas que bebemos, a costa de dejar un futuro de “mascarilla” para nuestros sucesores”.