La situación de la Residencia de Personas Mayores Santa Bárbara de Barruelo de Santullán ha motivado distintas iniciativas por parte de los grupos municipales del Partido Popular e Izquierda Unida, que reclaman que se comprueben las deficiencias denunciadas y, en caso de confirmarse, se adopten las medidas necesarias para solucionarlas.
El Grupo Municipal Popular ha registrado, junto al concejal de Izquierda Unida, una solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la situación del centro. La petición se produce después de que el Pleno del pasado 4 de noviembre rechazara debatir una moción de urgencia presentada por el PP sobre la residencia. La propuesta contó con los cuatro votos en contra del PSOE, la abstención de IU y el voto favorable del PP, por lo que no llegó a debatirse. Según el PP, el equipo de gobierno consideró que debía presentarse en otro momento.
Entre las cuestiones que el Grupo Popular plantea están las posibles deficiencias en el suministro de calefacción y agua caliente, la falta de personal estable dedicado al mantenimiento, los problemas registrados con las bombas de achique tras dos inundaciones y las quejas relacionadas con la cantidad y la temperatura de las comidas que reciben los residentes.
El portavoz del PP, Cristian Bedoya, ha explicado que las informaciones trasladadas a su grupo apuntan a que podría haber días sin calefacción ni agua caliente y situaciones en las que los usuarios comen poco o en condiciones inadecuadas. “Como concejales, queremos saber si esto es así. Y, en caso de que lo sea, plantear las soluciones para atajar el problema de inmediato”, ha señalado.
La moción presentada por los populares recogía varias medidas para mejorar el funcionamiento del centro, cuya gestión está adjudicada a una empresa privada. Entre ellas, reclamaba que se exigiera a la concesionaria la presencia de una persona estable para las tareas de mantenimiento, una revisión de los sistemas de calefacción y agua caliente en el plazo de un mes, la reparación inmediata de las bombas de achique y la garantía de que las comidas fueran suficientes y se sirvieran a la temperatura adecuada. También proponía que la Concejalía de Servicios Sociales informara sobre estas cuestiones en cada Pleno ordinario.
Por su parte, Izquierda Unida ha presentado el 4 de noviembre una queja formal ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para solicitar una inspección de la residencia y que se comprueben las condiciones en las que se presta el servicio.
La formación asegura que su iniciativa responde a las preocupaciones trasladadas por familiares de residentes. En este sentido, recuerda que el 25 de agosto de 2025 las familias ya presentaron un escrito dirigido a la dirección del centro, al Ayuntamiento y a la Gerencia de Servicios Sociales, en el que advertían de posibles deficiencias en la alimentación y en el funcionamiento del servicio de cocina. Según IU, aquella reclamación hacía referencia a problemas con la calidad de los alimentos, la organización del servicio y situaciones en las que, de acuerdo con lo comunicado por los residentes a sus familiares, no se habría servido la cena.
A estas preocupaciones se han sumado, según la información recibida, nuevas incidencias con el suministro de agua caliente. IU señala que los residentes habrían permanecido varios días sin este servicio y que el problema se habría repetido tanto durante el pasado mes de septiembre como nuevamente esta semana.
La formación también ha recibido quejas sobre el estado de conservación de distintos elementos de las instalaciones, como pomos de puertas y barandillas que presentarían deficiencias de mantenimiento, además de las preocupaciones sobre la calidad y adecuación de la alimentación.
En su reclamación ante la Gerencia de Servicios Sociales, Izquierda Unida ha incluido la documentación del contrato de concesión de la residencia y su adenda de 2018. Según explica la formación, el contrato establece que la empresa concesionaria debe mantener en servicio los medios materiales y las instalaciones necesarios para prestar el servicio. Asimismo, señala que la adenda contemplaba una inversión mínima de 164.000 euros en equipamiento y dotación del centro.
A partir de esta documentación, IU solicita que se compruebe el estado de las instalaciones, se investiguen las interrupciones del suministro de agua caliente, se supervise el servicio de alimentación y se verifique el cumplimiento de las obligaciones de las entidades responsables. También reclama que se adopten las medidas correctoras que correspondan y se dé respuesta a las reclamaciones de las familias.
Con respecto a la petición de pleno extraordinario, el PP sostiene que la solicitud, registrada por tres de los nueve concejales de la Corporación, obliga al alcalde a convocar la sesión en un plazo máximo de quince días hábiles. El portavoz popular, Cristian Bedoya, ha recordado que la residencia es de titularidad municipal y ha señalado que, aunque la gestión esté en manos de una empresa privada, «el alcalde es el responsable último y no puede esconderse detrás de la empresa».